TRATADO DE LIBRE COMERCIO TTIP

En octubre de 2013, ante la presión social, la UE desclasificó el documento de las negociaciones que ya venían manteniéndose desde 2005 con determinados lobbies económicos para negociar un Tratado de Libre Comercio e Inversión entre la UE y EE.UU.(TTIP) Negociación hasta entonces oculta, “hasta el punto de que el negociador principal de la parte europea reconoció en una carta pública que todos los documentos relacionados con las negociaciones estarían cerrados al público durante al menos treinta años. Concretamente aseguró que esta negociación sería una excepción a la Regla 1049/2001 que establece que todos los documentos de las instituciones europeas han de ser públicos”. Los objetivos del TTIP son: la eliminación de barreras al comercio, arancelarias y no arancelarias, (normativas de aplicación, … ), la búsqueda de convergencia entre ambos sistemas de regulación de la producción, es decir, aproximación de las normas jurídicas estatales que no puedan eliminarse, y la elaboración de normas comunes para ser compartidas, en definitiva pretenden eliminar las barreras reguladoras que limitan los beneficios potenciales de las multinacionales a ambos lados del Atlántico “lo que ya es temible”.

No solo debe inquietar la opacidad y sigilo con que se están llevando a cabo las negociaciones del Tratado, que dejan al margen a los Parlamentos Nacionales, quienes no participan en la negociación ni en el debate sobre la idoneidad del mismo, sino que el 80% de los beneficios previstos resultarán de la reducción de los costes impuestos por la burocracia y las regulaciones, así como la liberalización del comercio en servicios y en la contratación pública, evidenciando que el principal objetivo del acuerdo no es la reducción de aranceles sino la reducción de las normas que regulan derechos, entre otros, los laborales y el suculento mercado que para estas empresas suponen la educación, la sanidad o la acción social. 

En este sentido, la experiencia nos dice que cuando entran en contacto ordenamientos laborales dispares (UE y EE UU) y se deja a la libre elección del capital el lugar para ubicar la empresa o el lugar donde prestar los servicios, se producen tres fenómenos ya habituales en el ámbito de la UE, el dumping social, la competencia normativa a la baja y la liberalización de los servicios públicos. 

Ambas son estrategias empresariales para abaratar costes sociales trasladando la producción o la mano de obra de unos Estados a otros donde los derechos laborales son mas reducidos (salarios …), o aplicando la norma laboral de los Estados mas precarios. El fenómeno de la competencia normativa se ha convertido en la estrategia de las autoridades financieras internacionales, establecidas en los mecanismos de gobernanza de la UE. 

Y el resultado ya lo conocemos al observar el agravamiento de las disparidades en materia laboral y social en el ámbito de la UE, España, Gracia Portugal e Irlanda a la cabeza del desempleo, la precarización, la pobreza y la exclusión. El TTIP, que significaría una gran perdida de derechos laborales, sociales y políticos conseguidos en Europa y tendrá consecuencias en todos los ámbitos que afectan la vida cotidiana de cualquier individuo o sociedad y muy particularmente en España como Estádo periférico; especialmente significará una pérdida de soberanía y de poder de decisión de cualquier gobierno ante las grandes empresas transnacionales europeas y de los Estados Unidos.

La aprobación de este tratado, prevé la creacón de un mecanismo de arbitraje de diferencias inversor-estado (ISDS) de caracter privado, que será el ecargado de solucionar conflictos jurídicos entre las empresas inversoras y los Estados. Es decir, las grandes multinacionales podrían denunciar a los gobiernos de los Estados en estos tribunales de arbitraje porque una ley concreta que han aprobado perjudica los beneficios actuales o futuros de la empresa. 

Esto, obligaría a los Estados a pagar indemnizaciones compensatorias de centenares de millones de dólares. A partir de ahí, la soberanía democrática quedará vacía y sometida a los poderes económicos. Con el TTIP, las empresas multinacionales ganan cada vez más poder en detrimento de la cidadanía y de los Estados. Ya no se trata sólo del poder judicial que obtendrían, sino también de la enorme influencia en el ámbito legislativo. Gracias al mecanismo del ISDS, que sustituye el derecho público por el derecho privado y supedita el interés general al potencial beneficio de las grandes empresas, los parlamentos de los Estados verian blindadas sus posibilidades legislativas que pretendan favorecer a la ciudadanía sobre el beneficio de las empresas, con lo que hipotecan la democracia y subvierten la voluntad popular. 

De llegar a cumplirse el TTIP, las multinacionales tendrían derecho a cuestionar las decisiones que tomen Estados Soberanos y a ser indemnizadas cuando éstas les perjudiquen, por lo que los Estados se lo pensarán dos veces a la hora de aprobar leyes que se enfrenten a los poderes de las grandes empresas, por miedo a tener que pagar sumas multimillonarias. La única posibilidad de mantener los derechos laborales y sociales es la oposición frontal y rotunda de los pueblos de Europa, por lo que realizar campañas informativas, promover alianzas con organizaciones, con la Cumbre Social y promover movilizaciones ciudadanas contra el acuerdo debe ser una prioridad para Izquierda Socialista, por ello, ella Asamblea General de Izquierda Socialista PSOE Andalucía 

Resuelve: 

1.- Parar la aplicación del TTIP debe ser una prioridad para defender los derechos laborales y sociales de las clases trabajadoras y de la ciudadanía en general, por lo que IS PSOE A participará en las diferentes plataformas organizadas en Andalucía. 

2.- IS PSOE A llevará a todos los órganos de decisión del PSOE iniciativas contrarias a la aplicación del TTIP, el TISA (Acuerdo Multilateral para la Liberalización y Privatización de Servicios Públicos) y la no ratificación del CETA (Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la UE). 

3.- IS PSOE A reivindica el derecho de los pueblos a ser informados, participar en la toma de decisiones de los asuntos que cambiarán radicalmente los hábitos y costumbres de vida y exige una consulta a la ciudadanía para que sea el pueblo quien tome la decisión sobre el Tratado Transnacional.