REFORMA CONSTITUCIONAL

La larga crisis económica que padecen las clases trabajadoras y populares ha generado una decepción colectiva hacia la política, las instituciones y el propio sistema democrático sustentado en el marco constitucional de 1978, especialmente por su inoperancia ante los múltiples casos de corrupción, ante la defensa de derechos y libertades de la ciudadanía y ante los problemas graves que genera el actual modelo territorial del Estado. Sin embrago, ha posibilitado el desarrollo de una absoluta deriva liberal que hace prevalecer los intereses y beneficios de las grandes corporaciones empresariales, financieras y especulativas en perjuicio de las personas.

La ciudadanía se ha pronunciado el 20D y todo apunta a la necesitad de construir un pacto entre el modelo constitucional del 78 y la nueva sociedad surgida en el marco de la gran crisis, orientando a la política hacia la construcción de un proyecto compartido por la mayoría social, que es la mayoría trabajadora, y que propicie esperanza para recuperarla como instrumento fundamental que combata las crisis.

Mejorar la calidad democrática de España y buscar la mejor salida para la ciudadanía, encontrando posiciones de acuerdo que den respuestas a la crisis institucional, económica y política pasa por afrontar un profundo proceso de reformas de la Constitución con una óptica progresista. Es preciso un nuevo pacto constitucional que modifique aspectos sustanciales de la actual Constitución, fruto del acuerdo entre franquistas y demócratas -que sirvió como base para la construcción democrática de España- y que en la actualidad se encuentran superadas, para conseguir una pluralidad y convivencia sostenibles y sustentables.

Un pacto que constitucionalice el modelo de organización territorial del Estado y las mejoras de las normas de funcionamiento, relaciones y competencias entre los diferentes territorios de forma tal que, se clarifiquen y mejoren las competencias, la financiación autonómica y municipal, la constitucionalización de la lealtad institucional, el reconocimiento constitucional de los municipios y provincias y sus garantías de autonomía y el modelo federal de Estado que garantice la convivencia entre las diferentes naciones de España desde los principios inherentes al sentimiento federalista: unidad,diversidad, solidaridad, lealtad e igualdad desde donde deben tejerse los ejes económicos,fiscales, de sentimientos nacionales y soberanía popular y de participación ciudadana. Que mejore la calidad democrática facilitando la participación ciudadana mediante el impulso a las iniciativas legislativas populares, el referéndum consultivo y el derecho de deliberación ciudadana. Que proteja y amplíe los derechos fundamentales para preservar la inviolabilidad del derecho universal, gratuito y de calidad de la sanidad pública, que garantice y proteja el derecho universal a la pensión, a la prestación de las personal dependientes, que considere la vivienda como un derecho subjetivo, que promueva pactos de estado por la educación, la ciencia y la cultura.

Que reforme el sistema electoral español, luche contra la corrupción, ponga fin a los privilegios de sucesión a la Jefatura del Estado, de los aforamientos, de la inviolabilidad de la Jefatura del Estado, a la arbitrariedad de la exigencia de motivación de los indultos y a los privilegios de la Iglesia Católica reconocidos en el artículo 16.3 de la Constitución. Que desarrolle una nueva regulación de la estabilidad presupuestaria, que no juegue contra el Estado Social, para lo que es preciso reformar en su integridad el artículo 135 de la Constitución.

Igualmente es preciso un nueva legislación laboral que derogue la reforma laboral y se sustente en el diálogo social, que reafirme y fortalezca el papel que deben jugar los agentes sociales en la negociación colectiva y en el nuevo marco estatuario como representantes de los trabajadores/as . Que determine con firmeza la apuesta por un nuevo modelo productivo sustentado en un desarrollo energético renovable y sostenible, y que reduzca sustancialmente la dependencia de energías fósiles. Que mandate a las Administraciones Públicas y al conjunto de la sociedad a actuar de forma integral contra la violencia machista, obligando su dotación económica y de recursos humanos. Por todo lo expuesto, la Asamblea de IS PSOE Andalucía resuelve:

Único.- Promover ante IS PSOE Federal y constituir una Comisión de Trabajo que elabore una propuesta de reforma constitucional que aportar al PSOE, a la izquierda política y social y al conjunto de sociedad española.